|
 México. Cada año, decenas de miles de hombres, mujeres, niños y niñas atraviesan México sin permiso legal, como migrantes irregulares. Más de nueve de cada diez proceden de Centroamérica, sobre todo de El Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua. La gran mayoría se dirigen a la frontera estadounidense con la esperanza de una nueva vida lejos de la pobreza que han dejado atrás. “Su viaje es uno de los más peligrosos del mundo”, señaló Amnistía Internacional (AI) al dar a conocer su informe “Víctimas invisibles. Migrantes en movimiento a través de México”.
En el documento, AI pide a las autoridades federales mexicanas “que dirijan y coordinen la elaboración y aplicación de un plan de acción, junto con los gobiernos estatales, para respetar, proteger y hacer realidad los derechos de los migrantes irregulares en México”. En particular, les pide “que garanticen la prevención, el castigo y el remedio de los abusos cometidos contra personas migrantes por agentes estatales y no estatales”.
AI denuncia los secuestros, amenazas y agresiones; la violencia contra mujeres migrantes y las desapariciones y muertes que padecen los centroamericanos durante su peligroso viaje por México; la fuerza excesiva y las extorsiones, como parte de los abusos durante los controles de migración, tras lo cual la organización plantea 20 recomendaciones a las autoridades mexicanas.
La agrupación pide a la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, los gobiernos estatales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación que “promuevan el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes entre todas las autoridades federales, estatales y municipales, así como en los medios de comunicación y entre la población en general”.
También deben condenar y combatir activamente la discriminación contra las personas migrantes, y difundir en México y Centroamérica, con la ayuda de las autoridades y la sociedad civil centroamericanas, información a los migrantes o posibles migrantes irregulares sobre los peligros a los que se enfrentan, sobre sus derechos como migrantes, y sobre los medios para presentar denuncias y recibir ayuda.
Otras seis recomendaciones son planteadas a los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, que incluye el que fortalezcan la cooperación bilateral y regional “para mejorar la protección de los derechos de los migrantes irregulares, lo que incluye una revisión de la aplicación de los acuerdos bilaterales existentes, con el fin de reforzar el derecho de las personas migrantes a acceder a la justicia”.
Abusos
Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron México en 2008 y 2009 para entrevistar a migrantes, representantes de organizaciones de derechos humanos, personas que trabajan en refugios de migrantes, abogados, académicos, miembros del Congreso, miembros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y autoridades federales y estatales, informó AI.
Las delegaciones visitaron Ciudad de México y los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, donde, según el Instituto Nacional de Migración, las autoridades detienen a la gran mayoría de los migrantes.
Amnistía Internacional llevó también a cabo una encuesta entre 110 migrantes, a los que entrevistó en junio de 2009. Sus declaraciones reforzaron las conclusiones de los estudios llevados a cabo por otras ONG que indicaban que se cometen numerosos abusos contra migrantes irregulares que atraviesan México, y que esos abusos rara vez se denuncian. Los nombres y otros detalles de algunos de los entrevistados se han ocultado por motivos de seguridad.
AI señaló que el incremento de la delincuencia organizada y la violencia relacionada con las bandas en distintas zonas del país ha creado intensos desafíos para las autoridades mexicanas a la hora de cumplir con su obligación de proporcionar seguridad a quienes viven dentro de sus fronteras. “Sin embargo, para conseguir una mejora significativa en cuanto a la seguridad es fundamental no sólo que las autoridades estatales respeten los derechos humanos, sino también que los grupos a los que acechan las bandas delictivas, y que son quienes más peligro corren de sufrir abusos, no se vean excluidos de la protección del Estado”.
Los migrantes irregulares corren un grave riesgo de sufrir abusos generalizados en México. Marginados de la sociedad mexicana en general, son en gran medida invisibles, y sus voces rara vez se escuchan. La experiencia les ha enseñado a no confiar en nadie, especialmente las autoridades, puntualizó.
El acceso a la reparación es limitado y, en ocasiones, inexistente. Los migrantes que sufren o presencian abusos disponen de pocas opciones. Pueden optar por no presentar denuncia y soportar las terribles penalidades para continuar su viaje con la esperanza de un futuro mejor en Estados Unidos. O pueden arriesgarse a denunciar los abusos a las autoridades mexicanas, quienes pueden desestimar sus denuncias o agravar aún más los abusos sufridos. Incluso los migrantes que consiguen presentar una denuncia se enfrentan después a un sistema que a menudo no garantiza la justicia, agregó.
“Las autoridades federales y estatales han eludido sistemáticamente su deber de investigar de forma inmediata y efectiva los abusos contra migrantes. La falta de acceso a la protección y la justicia ha significado que todos los migrantes salvo unos pocos se limitan a continuar su viaje o son expulsados o repatriados sin presentar denuncias judiciales. Esta invisibilidad y falta de recurso a la justicia convierte a los migrantes, y especialmente a las mujeres y los menores, en blanco fácil de bandas delictivas y funcionarios públicos corruptos”.
Indicó que la persistente inacción a la hora de abordar los abusos contra migrantes perpetrados por agentes no estatales, y en especial los abusos en los que a menudo es evidente un cierto grado de implicación oficial, incumple la responsabilidad legal nacional e internacional contraída por México de ejercer la diligencia debida para respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos.
En sus viajes a través de México, los migrantes siguen enfrentándose a abusos de bandas delictivas, como por ejemplo secuestros, extorsión y tortura. La violencia sexual está generalizada, y cada año un número desconocido de migrantes mueren o desaparecen. Estos abusos frecuentemente se llevan a cabo con la complicidad o la aquiescencia de las autoridades federales, estatales o municipales. Además, pese a que en los últimos años se han producido mejoras, persisten los informes sobre uso excesivo de la fuerza y detención arbitraria a manos de funcionarios públicos que realizan controles de migración. La gran mayoría de estos abusos no se investiga con seriedad, y los responsables rara vez rinden cuentas de sus actos, lo que fomenta un clima de impunidad, prosiguió.
“Las investigaciones llevadas a cabo por Amnistía Internacional, así como los informes de ONG locales y de la CNDH, han revelado sistemáticamente la gran crisis humana a la que se enfrentan miles de migrantes que viajan en las sombras. Sin embargo, la auténtica dimensión de la crisis sigue siendo en gran medida invisible para la población en general. El hecho de que los gobiernos federal y estatales no dejen constancia adecuada de los abusos y no publiquen datos fiables contribuye a este desconocimiento y a la información errónea frecuentemente difundida por los medios de comunicación que retrata a las personas migrantes como la fuente de los delitos, más que como sus víctimas. La discriminación y la intolerancia con que en ocasiones se encuentran los migrantes irregulares puede generar hostilidad y una mayor exclusión”.
La vulnerabilidad y la marginación de los migrantes irregulares significa que la igualdad ante la ley y la igualdad de protección de la ley rara vez existen en la práctica, puntualizó.
El gobierno mexicano ha abogado por medidas internacionales para mejorar la protección de los derechos de las personas migrantes, y en los últimos años ha dado pasos importantes para abordar algunas preocupaciones arraigadas sobre el trato que reciben los migrantes irregulares, especialmente en relación con el hacinamiento en los centros de detención y con la situación de los menores no acompañados. De hecho, el Plan Nacional de Desarrollo elaborado por el gobierno incluye un compromiso específico de proteger los derechos de los migrantes en México. Sin embargo, las autoridades federales y estatales aún no han instituido medidas coordinadas y concertadas para abordar estos abusos, lo que pone en duda su determinación real de llevar a los responsables, ya sean agentes estatales o individuos particulares, ante la justicia, apuntó.
AI denunció que muchos de los casos expuestos en este informe destacan la implicación, en cierto grado, de las autoridades en muchos abusos contra migrantes. Con demasiada frecuencia, las autoridades proporcionan a las bandas delictivas una cobertura bajo la que cometer abusos, o se limitan a no intervenir para impedir que se cometa un delito contra una persona migrante. El hecho de no actuar para prevenir un delito o de no investigar de forma efectiva un delito constituye ocultación, y debe tomarse tan en serio como la complicidad o la aquiescencia.
El derecho internacional, recordó, establece claramente que las obligaciones contraídas en virtud de tratados deben cumplirse, y que debe proporcionarse remedio en la práctica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado de forma clara que los Estados deben actuar con la diligencia debida para proteger, respetar y hacer realidad los derechos de las personas migrantes, incluso cuando los responsables de los abusos sean individuos particulares. La crisis a la que se enfrentan los migrantes irregulares en México exige tomar medidas prácticas y exhaustivas para poner fin a los abusos, mejorar el acceso a la justicia y la reparación para las personas cuyos derechos son violados, y terminar con el clima de impunidad que alimenta la crisis.
“La falta de acceso a la justicia o la reparación puede superarse. Lo que se necesita es que las autoridades federales, estatales y municipales cumplan con su obligación y lleven ante la justicia a las bandas delictivas y los funcionarios corruptos que violan los derechos humanos de las personas migrantes”.
Recomendaciones
Amnistía Internacional pidió al Poder legislativo, el Instituto Nacional de Migración, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, las Procuradurías Generales de los estados y las policías estatales que garanticen en la práctica la igualdad de acceso a la justicia y la igualdad de protección de la ley para los migrantes irregulares.
“Deben reformarse el artículo 67 de la Ley General de Población (LGP) y el artículo 201 de su Reglamento (RLGP) para garantizar que los migrantes irregulares, ya estén bajo custodia o no, puedan informar y/o denunciar legalmente los abusos sufridos o presenciados, sin temor a la expulsión inmediata o la repatriación”.
Además, les pide garantizar que todos los informes de abusos, independientemente de que su autor sea un agente estatal o no estatal, se investiguen de forma inmediata, imparcial y efectiva, para que los responsables comparezcan ante la justicia y las víctimas reciban reparación; que elaboren mecanismos para que las personas migrantes en tránsito y bajo custodia proporcionen información confidencial sobre abusos sufridos o presenciados y ayuden a identificar a los autores sin correr peligro de represalias;
También, les pide que “den a conocer –y faciliten el acceso a ellos– la existencia de visados humanitarios y programas de protección de testigos para migrantes irregulares que sufran o presencien abusos y cuya vida o seguridad pueda correr peligro”, y que “garanticen el registro y la investigación exhaustiva y efectiva de todas las muertes violentas de migrantes irregulares, con el fin de establecer la identidad de la víctima y la causa de la muerte y, cuando existan pruebas, emprender un proceso penal completo”.
El documento se puede leer completo en el sitio web de AI: www.amnesty.es
|
